Educación investiga más de 200 casos de adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña

El Ministerio de Educación sí está comprobando los casos de adoctrinamiento denunciados en las escuelas catalanas. En concreto, investiga ya más de 200 casos concretos, con datos y pruebas, de politización en las aulas. De ellos, casi 80 proceden de la recopilación de las denuncias que ha efectuado Sociedad Civil Catalana, datos que ha conseguido pese al acoso al que se ha visto sometida esta asociación para recabar la información, tal y como adelantó OKDIARIO.

El Ministerio, además, aprovechará este examen para comprobar la imparcialidad del sistema de inspectores procedente de la Generalitat. Para ello ha modificado la mecánica de investigación de los casos y la autoría de los informes ya no podrá designarse genéricamente a la Consejería de Educación.

Sabe que cuenta con un colectivo de inspectores designado o diseñado en su proceso de selección desde los años 90 -a través del famoso Programa 2000 implantado para lograr el adoctrinamiento por Jordi Pujol padre-. Y, por ello, a partir de ahora, los trabajos de inspección deberán ser firmados personalmente por los inspectores de modo que, en caso de llegar a comprobarse posteriormente que su labor no hubiese sido desarrollada conforme a sus obligaciones de neutralidad, podrán verse sometidos a responsabilidades personales.

Es más, algunas de las labores de inspección de los casos de adoctrinamiento serán directamente comprobados por equipos del Ministerio por la gravedad de las denuncias.

El inicio de estas actuaciones inspectoras llega en un momento delicado. Y es que se acaba de conocer el último barómetro sobre la intoxicación en la escuela catalana, con un resultado demoledor:

en Cataluña hay en total 4.635 centros de Infantil, Primaria y Secundaria y de ellos ni uno oferta educación con el castellano como lengua vehicular de enseñanza. Así, para un total de 1.196.148 alumnos, sólo 15.000 alumnos (menos del 1%) pueden estudiar en colegios que oferten la educación en castellano. Y todos ellos son privados. Esos colegios privados suponen un coste de casi 6.000 euros por niño y año, tal y como relata la Fundación Unidad + Diversidad, en su estudio anual.

“Existe indefensión de los padres frente a la Generalidad de Cataluña debido, entre otros motivos, a que el tiempo medio en el que se dicta sentencia sobre las querellas interpuestas por padres solicitando la educación de sus hijos en castellano es de 3 años, y en el mejor de los casos sólo permite estudiar en castellano un 33% de las clases (2 asignaturas)”, subraya el informe.

Lo que significa que si algún padre osa desafiar esta dictadura lingüística, tiene que estar preparado a ver a su hijo marcado durante todo ese periodo: unos tres años. Y eso, contando con que la resolución judicial le dé la razón, algo que es difícil puesto que, al no haber ni un centro no privado con trilingüe, será imposible su traslado a un colegio cercano con educación en castellano.